Las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch sobre supuestas irregularidades en el Ministerio de Educación


Santo Domingo.
– La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se refirió a las declaraciones del abogado de Diolandita Cabrera, madre de la niña asesinada, Carla Masiel, quien fue desvinculada del Ministerio de Educación.

Se recuerda, que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación rehusaron  esta mañana referirse a  la denuncia de la madre de la descuartizada  niña Carla Massiel,  Diolandita Cabrera, de  que es  víctima de una mafia que opera en la institución educativa, la cual para entregarles la  cesantía a los desvinculados les   exige un 30% del monto a cobrar. El encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la   Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, a pesar de ser uno de los funcionarios de la PGR más colaborador con la prensa, esta mañana no respondió a El Nacional si dará curso a la denuncia presentada ayer por el  abogado Plutarco Jáquez, representante  legal  de Cabrera.

Comunicado de Milagros Ortiz Bosch

Tranquiliza conocer que a través de sus abogados la ciudadana Diolandita Cabrera, haya tramitado a la Procuraduría General de la República (PGR), la denuncia que el país conoció ayer. A esa tranquilidad sumamos la declaración del Ministerio de Educación de colocarse, como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma. Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos.

La denuncia de extorsión a 39,500 servidores públicos con RD$30,000. O0 cada uno, alcanza la suma de 1,185 millones de pesos, es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana.
Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado. Investigación que sería un aporte a las políticas de transparencia que ha venido aplicando el gobierno desde que inició sus funciones.

La tranquilidad que motiva esta declaración está originada en las disposiciones del Decreto 486-12 que limita nuestras funciones a tramitar las investigaciones que, estudiadas y calificadas como penales por nuestra Dirección de Investigaciones deben ser referidas a la Procuraduría General.

No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia.

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