Acusan a miembros CC de alegada obstrucción de justicia, falsificación y otros delitos



SANTO DOMINGO, R.D.-El Ministerio Público habló sobre el allanamiento que realiza, desde primeras horas de la mañana de este lunes en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, e informó que es parte de la investigación a sus miembros y algunos funcionarios, por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.

“Como parte de la denominada Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo, encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, provenientes de actos de corrupción”, señala la Procuraduría en un comunicado, dado a conocer luego que este y varios medios destacaron la intervención de la Cámara de Cuentas..

La requisa la encabeza Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la PEPCA.

Las oficinas de la Cámara de Cuentas están ubicadas en el edificio gubernamental, conocido como “El Huacalito”, en la avenida 27 de Febrero y París, esquina Abreu, en el Distrito Nacional.

Desde primeras horas de la mañana la CCRD fue militarizada por un contingente policial, impidiendo la entrada de empleados y funcionarios.

Se ha dicho que, además de varios procuradores, en el allanamiento participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

La CCRD la presiden Álvarez Pérez, y la integran Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.

Se dijo que todos son investigados por procuradores del PEPCA.

El allanamiento fue autorizado hace más de 72 horas por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12, de la Ley 133-11, del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo, del Código Penal Dominicano, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

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