La reacción del hijo José Alejandro Vargas tras su escogencia como juez al TC


Santo Domingo
.- Jonathan A. Vargas reaccionó tras el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogiera a su padre, José Alejandro Vargas, juez de Instrucción de la Fiscalía del Distrito Nacional, como juez al Tribunal Constitucional (TC).“Orgulloso de mi padre! Felicidades en su designación como Juez del Tribunal Constitucional”, dijo el hijo del juez.

Vargas Guerrero estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Eugenio María de Hostos, graduándose el 25 de febrero de 1993.

En 2003 culminó un postgrado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un año más tarde se graduó de otro postgrado en Procedimiento Civil en la misma alta casa de estudios.

En 2010 terminó su maestría en Derecho Penal en la UASD, mientras que en septiembre del 2012 terminó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales con una doble titulación entre la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad de Castilla-La Mancha.

En agosto del 2015 finalizó la maestría en Derecho de la Administración del Estado con una doble titulación entre el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal) y la Universidad de Salamanca.

En los 24 años que tiene ejerciendo como abogado, Vargas Guerrero ha aspirado a juez de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2005. En el 2017 aspiraba a ocupar una vacante en el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque después declinó por sentir que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no le tenían confianza.

En el 2019, Vargas Guerrero fue aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Aunque el intento fue fallido, la Coalición por un Ministerio Público Independiente, conformada por seis organizaciones de la sociedad civil, había entregado al presidente electo Luis Abinader una propuesta para la designación Vargas como procurador general de la República. La entrega fue hecha por Pablo Linares Pereyra, Rafael Burgos Gómez, Bienvenido Ruiz Lantigua, Rigoberto Saldívar Olivo, Ariel Tavárez Sosa y Luis Octavio Peña, en representación del Patronato del Ministerio Público, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Santo Domingo, la Fundación Global Justicia Social, el Grupo Armonía y Desarrollo Nacional, la agrupación Abogados Hatomayorenses por una Nueva justicia y la organización Juristas por la Democracia.

Vargas Guerrero ha sido profesor de grado en las materias de derecho del pensamiento social dominicano y derecho de los contratos, además de impartir docencia en la maestría de derecho constitucional y derecho procesal penal.

También es el autor de los libros “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”, de la “Guía práctica de la acción de la inconstitucionalidad y de las dos ediciones de “Medidas de Coerción Personal”.

Cuando Vargas Guerrero aspiraba al Tribunal Superior Electoral, declaró en su solicitud que en su carrera profesional se ha desempeñado con todos los rigores que exige esta clase de ejercicio, poniendo en práctica el contenido esencial de su conciencia forjada a la luz de los valores.

Aseguró que en este trayecto ha aprendido que si la medicina tiene la virtud de curar el cuerpo, entonces la justicia es el remedio indispensable para lograr una sociedad sana, evitando que las injusticias erosionen la paz social.

En esta declaración, el juez mostró cuál es su principal interés como parte de la administración de justicia en República Dominicana, citando una frase que alguien le predicó una vez: “en un país donde los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.

Al magistrado Vargas Guerrero le ha tocado casos de narcotráfico, atracos, asesinatos y otros actos ilícitos.

José Alejandro Vargas Guerrero fue quien el año pasado dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a la pareja de César Emilio Peralta alias “César el Abusador”, Marisol Franco, y otros dos, acusados de pertenecer a la organización criminal de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente este dirigía.

En 2009 dictó prisión preventiva para Mary Peláez, por su vinculación al caso José Figueroa Agosto.

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