Dos condados de California desafían a Trump y su nueva regla de “carga pública”

CALIFORNIA-. La d emanda  presentada  por  el fiscal  del condado de San Francisco, Dennis Herrera, y el fiscal del  condado  de Santa Clara, James R. Williams, alega  que la medida empeoraría la salud y las condiciones de bienestar de los residentes al negar prestaciones sociales. De  hecho, la regla haría  más  difícil acceder a la residencia permanente o a la ciudadanía  para inmigrantes legales que han usado servicios como asistencia alimentaria (estampillas de comidas), subsidios de vivienda, o programas de salud.Esta regla ilegal es otro intento de denigrar a los inmigrantes”, dijo el fiscal Herrera. “Hace que sea más fácil atacar injustamente a inmigrantes legales y  trabajadores,  al  tiempo  que  siembra  miedo  y  confusión en nuestras comunidades. Esta regla obliga a las personas a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor para su familia” aseguró Herrera.
Además, la denuncia alega que la nueva regla hace que el gobierno federal deje de pagar por dichos servicios convirtiéndose en una carga económica mayor para las economías locales que deberán asumir los costos.  “Todos asumiremos el costo de esta política equivocada, que transferirá millones de dólares en costos de atención médica a los contribuyentes de los condados de San Francisco y Santa Clara”, dijo Herrera. “Al mismo tiempo, extraerá millones de nuestras economías locales y conducirá a más personas hacia la falta de vivienda. Esta regla es basura. Estamos decididos a ver que termina en el basurero legal con el resto de las políticas ilegales de esta administración”.
Los condados además señalaron que la regla de “carga pública” es ilegal e intenta “abolir décadas de precedentes legales”, según el comunicado. Además ésta, “amplía dramática y unilateralmente las razones por las cuales se le puede negar la admisión al país o el acceso a una tarjeta verde si ya está aquí legalmente”, y que haría que el uso de ciertos beneficios gubernamentales “sea motivo para negarle a alguien la residencia legal en base a la noción errónea de que un inmigrante legal que aprovecha esta asistencia sería considerado una “carga pública”, ahora definida como el mero uso de estas formas de apoyo gubernamental durante un período de tres años”.
El Departamento de Seguridad Nacional proyecta que la regla hará que “el 2.5 por ciento de los no ciudadanos que participan en esos programas dejen de usarlos, pero esta proyección subestima enormemente la cantidad de personas que serán perjudicadas”, argumenta la querella.
Tras el anuncio de la nueva regla, los fiscales de California y de Nueva York anunciaron que se están preparando para apelar la medida.


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