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12 dominicanos fueron desalojados por realizar minería ilegal

ECUADOR, QUITO.- Las fuerzas de seguridad de Ecuador desalojaron a 1.170 personas de diferentes nacionalidades y detuvieron a otras 21 en un operativo contra la minería ilegal en una zona minera del norte andino del país, controlada, según las autoridades, por el crimen organizado.
Así lo informaron fuentes del Ministerio del Interior, que precisaron que los desalojados abandonaron por sus propios medios el recinto minero, sin que haya mediado el uso de la fuerza, y que en total habitaban en el sector donde se practicó la operación 1.893 personas.
De acuerdo a los datos de la Policía ecuatoriana y facilitados por el Ministerio del Interior, entre los residentes desalojados figuran 326 ecuatorianos, 558 venezolanos, 253 colombianos, 19 peruanos, doce dominicanos y dos argentinos. Las autoridades descubrieron en la zona que se realizaba minería de manera ilegal así como otras actividades delictivas tales como el «tráfico de personas, trata, explotación sexual y laboral».
Las fuentes precisaron que las autoridades dispusieron medios de transporte para que las personas que abandonaron la mina fueran trasladadas a las fronteras de Colombia y Perú.
Subrayó que se trata de individuos que «han estado ejerciendo un trabajo de manera ilegal», sin aportar más detalles acerca de si personas extranjeras en situación de vulnerabilidad o explotación en esa mina serían igualmente expulsados del país o podrían acogerse a alguna acción de protección por parte del Estado ecuatoriano.«Se trata de la mina de oro más grande de Latinoamérica, cuyo perímetro es de 433,7 kilómetros cuadrados», subrayó la fuente al describir la magnitud del yacimiento.
Se espera que el operativo se prolongue 60 días, en coincidencia con el estado de excepción decretado el lunes por el presidente del país, Lenín Moreno, a fin de impedir que los desalojados regresen al lugar.
Más de dos millares de policías y militares se desplegaron en la madrugada del martes en la provincia andina de Imbabura, pocas horas después de decretarse el estado de excepción.
La Ministra del Interior, María Paula Romo, reveló el martes que la acción de las fuerzas de seguridad se desarrolló en la zona de la parroquia La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, donde se había reportado una inseguridad creciente y sucesos delictivos.
El pasado 23 de junio, cuatro personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre bandas que pretendían controlar la minería ilegal en esa zona, conforme a las denuncias de campesinos de la localidad.
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