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¿Un juez de Delaware podría decidir el futuro de Citgo?

ESTADOS UNIDO.-El problema podría surgir en EE.UU. debido a la lucha de poder por Citgo Petroleum Corp., la refinería con sede en Houston propiedad de la gigante petrolera venezolana Petróleos de Venezuela SA.
La crisis de liderazgo en Venezuela podría llevar a una extraña situación legal en Estados Unidos: a un juez de Delaware se le podría pedir que decida quién es el presidente legítimo del país suramericano.
El problema podría surgir en EE.UU. debido a la lucha de poder por Citgo Petroleum Corp., la refinería con sede en Houston propiedad de la gigante petrolera venezolana Petróleos de Venezuela SA. La semana pasada, Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela respaldado por EE.UU., nombró nuevos directores para Citgo y PDVSA, una parte crítica de su estrategia para incautar activos petroleros y expulsar al régimen encabezado por el autócrata Nicolás Maduro, quien mantiene el control de los militares y otras partes clave del gobierno.
Mientras los antiguos directores permanecen en su lugar, al menos en el papel, la nueva junta directiva de Citgo ciertamente está actuando como la legítima. Se reunió el jueves en una sesión formal y se espera que nombre a un nuevo director ejecutivo.
Si, como es probable, Maduro desafía esos movimientos, las cuestiones jurídicas se trasladarían a EE.UU., donde Citgo posee tres refinerías y más de 40 terminales. La cuestión central es quién es el verdadero presidente de Venezuela, Maduro o Guaidó, según lo vean los tribunales de EE.UU.
¿Cómo se gobiernan Citgo y PDVSA ahora?
PDVSA es de propiedad estatal y Citgo es su activo más importante, y enviaba el tan necesario dinero a Caracas antes de que EE.UU. aplicara sus sanciones. La matriz de Citgo, PDV Holding Inc., está incorporada en Delaware. Bajo la ley de Delaware, Citgo es controlada por la junta actual del refinador, que fue nombrada por Maduro.
¿Cómo puede Guaidó arrebatar el control?
Para que Delaware reconozca a los nuevos miembros de la junta de Guaidó, sus abogados deben entregar al agente registrado de Citgo lo que se conoce como un consentimiento corporativo, el cual agregaría formalmente sus nominados a la junta y eliminaría los de Maduro. El consentimiento sería emitido por Guaidó bajo el reclamo de que él es el líder legítimo de Venezuela. Esa es la clave. El presidente de Venezuela es el accionista controlador de PDVSA y PDV Holding. La ley de Delaware otorga a los accionistas controladores una amplia libertad para decidir quién ocupa los puestos en la junta directiva y los cargos gerenciales.
¿Cómo podría Maduro desafiarlo?
Podría argumentar que él es el jefe legítimo del gobierno venezolano. Por tanto, solo él tiene el derecho de nombrar las juntas de PDVSA y Citgo. Para obtener el problema en la sala del tribunal, un miembro de su gobierno o uno de los directores desplazados podría presentar una demanda ante la Corte de Equidad de Delaware en la que impugne la expulsión de los directores actuales como una violación de los estatutos corporativos del estado.
¿Cómo podría decidir un juez de Delaware?
No está claro, por supuesto, pero para los propósitos de decidir quién está a cargo de Venezuela bajo la ley de EE.UU., es más fácil. El artículo II de la Constitución otorga al presidente autoridad exclusiva para reconocer, o no reconocer, a los gobiernos extranjeros. Y en este caso, el presidente Donald Trump (y más de 30 países) ha reconocido a Guaidó como el líder de Venezuela. Eso significa que él es el presidente legítimo de Venezuela, a los ojos de EE.UU., y por tanto tiene el derecho de controlar Citgo y sus activos estadounidenses. Un juez también podría replantearse la cuestión y concluir que es una cuestión política que no se puede determinar en EE.UU.
¿Cuál es el precedente?
Si bien la pregunta no se ha presentado con mucha frecuencia, al menos dos cortes federales han considerado casos que involucran a gobiernos rivales. En 1952, un Juez de California falló en contra del gobierno comunista de China bajo Mao Zedong y a favor de los nacionalistas en Taiwán, sobre una reclamación de fondos del gobierno mantenidos en EE.UU. Luego, en 1988, un tribunal de Nueva York falló contra el gobierno de Manuel Noriega de Panamá, que también buscaba acceder a fondos retenidos en EE.UU. El juez falló a favor del rival de Noriega, quien había sido reconocido por EE.UU., e incluso dijo que el gobierno de Noriega no tenía capacidad jurídica para argumentar su caso en la corte, ya que no tenía reconocimiento oficial.
¿Algún otro litigio?
Hasta ahora, nadie ha presentado una demanda directa para pedir a un tribunal que invalide la reclamación de la otra parte para controlar el petróleo venezolano y otros activos. Actualmente, Venezuela aparece en al menos 18 juicios más antiguos en los tribunales estadounidenses,muchos de los cuales buscan compensación por los activos expropiados bajo el anterior presidente venezolano, Hugo Chávez. PDVSA y Citgo están involucrados en muchos más. En este punto, los tribunales estatales y federales de EE.UU. se han mantenido al margen en la lucha por el control. Pero dos bufetes de abogados de EE.UU. han leído entre líneas y pasaron de representar a la administración de Maduro al gobierno de Guaidó en casos antiguos no relacionados.

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